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Bruselas descarta regular el 'comercio justo' al considerar que ello
perjudicaría su desarrollo
BRUSELAS, 5 (EUROPA
PRESS)
La Comisión Europea descartó hoy regular los criterios y los
estándares que debe respetar toda iniciativa privada para promover
el comercio justo al considerar que regularlos a nivel europeo
"podría limitar el factor dinámico de las iniciativas privadas en
este ámbito y obstaculizar un mayor desarrollo del comercio justo".
El Ejecutivo comunitario justificó no regular estas iniciativas para
promover el comercio justo al reconocer, en una comunicación que
presentó este martes sobre la contribución del mercado del comercio
justo al desarrollo sostenible de los países en vías desarrollo, "el
rápido desarrollo del mercado del comercio justo en los últimos
años" en el conjunto de la Unión Europea.
Los consumidores europeos adquieren productos certificados de
'comercio justo' cada año por valor de unos 1.500 millones de euros,
de acuerdo con los datos del Ejecutivo comunitario, es decir, 70
veces más de lo que consumían hace una década. Los jefes de Estado y
de Gobierno de la UE se comprometieron ya en junio de 2006 a apoyar
la promoción de productos sostenibles, incluidos de comercio justo,
cuando renovaron su estrategia para impulsar el desarrollo
sostenible.
La comisaria de Comercio, Catherine Ashton, aseguró hoy que el
Ejecutivo comunitario seguirá apoyando iniciativas que impulsen el
comercio justo por su "contribución potencial" al "desarrollo
sostenible", mientras que su homólogo de Desarrollo y Ayuda
Humanitaria, Louis Michel, subrayó "la especial importancia" de que
estas iniciativas "garanticen un precio mínimo para los agricultores
de los países en vías de desarrollo" por su producción.
La Comisión Europea reconoce que las compañías multinacionales se
están abriendo también al mercado del comercio justo, aplicando sus
propios criterios de sostenibilidad a la comercialización, y
defiende que tanto el comercio justo como otras iniciativas de
sistemas privados de garantías de sostenibilidad comercial
constituyen "mecanismos dinámicos, esencialmente voluntarios, que se
desarrollan en paralelo a la concienciación del consumidor y a las
demandas" del público.
DECISIONES INFORMADAS POR EL PÚBLICO
Aunque Bruselas descarta una regulación, sí considera que este tipo
de sistemas de garantías de sostenibilidad deben "aplicar estándares
y criterios de manera transparente" a fin de permitir al consumidor
tomar decisiones informadas.
También defiende la necesidad de hacer estudios sobre el impacto
socioeconómico de los sistemas de seguros privados de sostenibilidad
comercial en los países en vías de desarrollo.
Por su parte, el Parlamento Europeo advirtió en un informe que
aprobó en 2006 de los riesgos de abuso de poder en que podrían
incurrir las empresas implicadas en el mercado de Comercio Justo sin
cumplir los criterios de certificación apropiados y apuntó la
necesidad de aumentar la concienciación entre los consumidores.
"Es importante que los consumidores, compañías y autoridades
gubernamentales puedan hacer elecciones bien informadas en lo que se
refiere a (la compra de) productos de Comercio Justo", reconoció hoy
la comisaria Ashton.
El comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria también consideró que
el mercado de Comercio Justo crecerá todavía más en Europa "cuando
los promotores de estas iniciativas informen mejor a los
consumidores del impacto real de sus acciones en el comercio y en
los países en vías de desarrollo".
IMPORTANCIA DEL APOYO PÚBLICO
El Ejecutivo comunitario subraya en su comunicación asimismo la
importancia del apoyo público a iniciativas para promover el
comercio justo, dado que las autoridades públicas de los Estados
miembros gestionan el 16% del Producto Interior Bruto de la UE.
Bruselas recuerda en su comunicación que las normas comunitarias de
contratación pública impiden que los Estados miembros que quieran
adquirir productos de comercio justo exijan etiquetados específicos
porque ello perjudicaría la entrada de productos que aunque no
cuenten con dicho etiquetado sí cumplan los criterios y objetivos de
sostenibilidad que las administraciones públicas pueden exigir en
sus políticas de contratación pública. Igualmente, éstas pueden
incluir criterios sociales y medioambientales a la ejecución de
contratos públicos.
Por su parte, la Comisión ha transferido entre 2007 y 2008 unos
19.466 millones de euros a ONG para financiar acciones destinadas
sobre todo a aumentar la concienciación pública en la UE de este
mercado y en 2008 y 2009 ha presupuestado otro millón de euros cada
año para apoyar acciones específicamente relacionadas con el
comercio justo, en forma de créditos comerciales.
Para más información:
www.europapress.es
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